Mientras negocia el ajuste por ley, aunque no la delegación de facultades, el plan masivo de privatizaciones y desguace del Estado sigue intacto. De avanzar, dejará en la calle a más de 134.000 trabajadores que multiplicado por una familia tipo de cuatro integrantes afectará a medio millon de argentinos.
Tal es así que, si bien el ministro Caputo anunció el viernes a última hora el “retiro del capítulo fiscal de la ley Bases” (incluye blanqueo, Bienes Personales, moratoria, retenciones, y podría abarcar Ganancias), la venta del patrimonio sigue intacta y la ola masiva de privatizaciones aparece en el centro del modelo económico a partir de la venta de 40 empresas argentinas entre ellas Aerolíneas Argentinas, AYSA, Banco Nación, Energía Argentina SA, Corredores Viales, Operadora Ferroviaria, Correo Argentino y medios públicos, entre muchas otras.
Se ofrece patrimonio nacional
El proyecto de “ley Ómnibus” que el gobierno insiste con tratar en el Congreso incluye, como parte central de sus propuestas de reforma del Estado, la privatización a 41 empresas públicas, al tiempo que facilita al Ejecutivo vender la participación en aquellas en las que no tiene el control mayoritario. Para que esto ocurra las firmas públicas deben ser declaradas “sujetas a privatización”, lo que el oficialismo espera sea confirmado por el Legislativo esta semana. Vale mencionar que en el marco de las negociaciones con diputados dispuestos a acompañar el mega proyecto de más de 500 artículos, la gestión libertaria aceptó retirar del listado de empresas a privatizar a YPF, mientras que Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT quedarían sujetas a una privatización parcial, manteniendo el Estado control de las empresas. Aun así, el país seguiría ofreciendo al mejor postor 40 empresas argentinas. Al respecto el argumento oficial señala que el objetivo es hacer “más eficiente” a estas firmas y ello significa “cerrar todas las empresas del Estado” aunque no se distingue, dada la heterogeneidad de sus características y roles en la sociedad y la economía, si son realmente rentables o no, qué propósito tienen en áreas estratégicas, si un privado podría igualmente cumplir la misma función y el interés nacional de sostenerlas.
Si bien el argumento oficial sostiene que se busca “reducir el déficit”, los datos de cada firma dan cuenta de que se trata de empresas superavitarias, sumado a las funciones que desarrollan para garantizar la infraestructura de servicios públicos a la población, así como para el financiamiento de las actividades productivas a lo largo y ancho del país, y en actividades clave del sector nuclear, telecomunicaciones, logística y defensa, todo lo que de aprobarse la ley estará en venta y sujeto a intereses privados, en un esquema que apuesta a un mayor endeudamiento externo y a una creciente desregulación económica. En ese sentido, los principales cuestionamientos a esta política que vuelve como una nueva temporada del desguace del Estado implementado ya durante el menemismo y, con menor éxito, durante el macrismo, coinciden en que aumentará la presencia de capitales globales interesados, en gran medida, en la explotación de los recursos naturales y el negocio financiero, y lejanos a la inversión productiva, el agregado de valor, y la generación de fuentes de trabajo en territorio nacional.
