200 saqueadores maximizan ganancias con el patrimonio de todos los argentinos.
Hasta mediados de los años ’70 del siglo pasado en los países de América Latina, el dominio minero y energético formaba parte de la soberanía estatal. Ambos eran considerados un patrimonio fundamental, incluso propiciado por las Naciones Unidas, que lo presentaba como base e instrumento de un Estado para poder hacer uso de sus recursos naturales y, en particular, de los no renovables.
La desregulación y privatización del sector minero y energético en la Argentina, iniciada con el golpe cívico-militar de 1976 y potenciada por el menemismo en los ’90 (con la inclusión en la Constitución Nacional del artículo 124, que en su segundo párrafo dice: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”), tuvo como objeto la maximización de la tasa de ganancia y una preponderante participación del capital extranjero, dejando de lado la lógica de la prestación de un bien que produce la naturaleza y la generación del servicio para el desarrollo del país por la lógica exclusiva de maximizar el retorno de la inversión en divisas para sus dueños.
Minería
Las exportaciones mineras de la Argentina vienen creciendo sistemáticamente todos los años. El INDEC publicará el total de las ventas externas del complejo del sector minero metalífero y litio de 2022 el próximo 2 de marzo, pero ya podemos proyectar que será una cifra récord, ya que el sector declaró exportar por 2.840 millones de dólares en el primer semestre de 2022, cifra que supera en un 36,5% a igual período de 2021.
Las crecientes exportaciones de minerales, tras la reforma del marco normativo, y dirigido por la Inversión Extranjera Directa (IED) en la explotación de yacimientos metalíferos (explotaciones de oro, cobre, plata, y litio, fundamentalmente) sobre áreas cordilleranas y a gran escala, así como de otros materiales (metálicos y no metálicos), generan concentrados minerales destinados a la exportación.
Por su importancia y por ser el metal más exportado, las minas de oro del país son las que hasta el momento más se han desarrollado: Veladero (Barrick Gold-Shandong) en San Juan (considerada entre las diez minas de oro más grandes del mundo); Bajo la Alumbrera y Agua Rica en Catamarca (cuyo principal accionista es Glencore, firma en la que tiene participación BlackRock); Cerro Vanguardia (AngloGold) y Cerro Negro (GoldCorp, de Canadá) en Santa Cruz. Todas ellas son explotadas por empresas extranjeras y, en el mejor de los casos, con algún grado de participación del respectivo estado provincial. La producción argentina de oro declarada ronda los 62.000 kilos anuales y los principales mercados de destino se concentran en Suiza, Canadá y Australia.
En el caso del litio, si bien China controla más del 70% de la fabricación mundial de baterías, la producción en Chile y la Argentina está dominada desde hace décadas por capitales de Estados Unidos, Canadá y (más recientemente) Australia y Japón. Sin embargo, se asume como propio el temor de Estados Unidos ante la incipiente presencia de China y Rusia, expresado por la jefa del Comando Sur, Laura J. Richardson, que ve amenazado su dominio sobre el Triángulo del Litio (Puna de Bolivia, Chile y la Argentina, que representa el 60% de las reservas de carbonatos de litio del mundo): “Están allí para socavar a Estados Unidos. Están allí para socavar las democracias”, dijo sin inmutarse.
La empresa norteamericana Livent, que explota el Salar del Hombre Muerto de Catamarca desde hace 25 años, fue multada por demostrarse fehacientemente que exportaba más cantidad y a mayor precio de lo que declaraba. El segundo proyecto en operación del país está en Jujuy, a cargo de un joint venture formado por la australiana Allkem y la japonesa Toyota Tsusho. El tercero se encuentra en el Salar del Rincón en la provincia de Salta (explotado por Río Tinto, empresa anglo- australiana).
Gracias a la ley 24.196 de Inversiones Mineras de 1993, las regalías representan apenas el 3% del precio declarado y cuentan con estabilidad fiscal –que implica la exención impositiva y del pago de derechos de importación– por 30 años.
En síntesis, podemos apreciar una fuerte concentración y extranjerización de nuestros recursos naturales en donde impera la propiedad privada.
Energía
En el sector energético, dos empresas concentran el 70% de la extracción de petróleo crudo (YPF S.A., en la que BlackRock posee un 6,06% de participación en su capital) y Pan American Energy; cinco empresas concentran el 80% de producción de gas y cinco, el 50% de generación de energía eléctrica.
La explotación de la Cuenca Norte del Mar Argentino por parte de la filial de la noruega Equinor e YPF –que se dividirán en partes iguales el 70% del bloque– y Shell, que ingresará con el 30% restante, significa la aparición de un tercer gran operador. El área comprende 15.000 kilómetros cuadrados y es el bloque más grande de esa cuenca. Actualmente, Equinor e YPF son socios en otros dos bloques en la cuenca Argentina Norte, el CAN 102 y el CAN 114, que fueron adjudicados en la licitación que realizó el gobierno anterior.
YPF, Shell y Equinor ya se encuentran asociadas en el bloque no convencional de Bandurria Sur, en Vaca Muerta. Equinor, además, participa con el 50% en el bloque Bajo del Toro, de 157 kilómetros cuadrados, en la formación neuquina de hidrocarburos no convencionales, a través de un acuerdo que se firmó en enero de 2018 con YPF.
En la etapa de extracción de gas, las empresas que participan son: YPF, Total Austral, Pan American Energy, Petrobras, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron.
El transporte es controlado por Transportadora de Gas del Norte (TGN) de Techint y Eurnekián, y Transportadora de Gas del Sur (TGS) de Pampa Energía (Marcelo Mindlin, Joseph Lewis, BlackRock y las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país.
Por su parte, el sector de la distribución es manejado por nueve empresas: Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogas Centro, Ecogas Cuyana, Litoral Gas, GasNor y Gas NEA, las cuales se encargan de distribuir el gas a lo largo del país.
Entre las 100 empresas que fugaron capitales durante la gestión de Mauricio Macri aparecen Pampa Energía S.A., con la compra de 903.829.771 dólares; YPF S.A., 602.766.335 dólares; Total Austral S.A., 272.177.928 dólares; Wintershall Energía S.A. Argentina, 270.044.431 dólares; Transportadora de Gas del Norte, 231.384.402 dólares; Transportadora de Gas del Sur, 162.291.030 dólares; Pan American, 98.400.040 dólares; Pluspetrol S.A., 96.075.676 dólares; Tecpetrol S.A. (grupo Techint), 92.627.000 dólares; Camuzzi Gas Pampeana S.A., 92.125.232 dólares; Compañía de Hidrocarburo No Convencional S.R.L., 83.832.490 dólares y Petrobras Energía S.A., que adquirió 82.992.275 dólares.
En 1992, tras la privatización del servicio público de electricidad en el país, se creó CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), una sociedad anónima cuyo principal accionista es el Estado nacional. Es la compañía responsable del despacho de electricidad en el país, ya que establece quién vende, cuándo y a qué precio. También interviene en las importaciones de gasoil y fuel oil para reemplazar al gas en la generación térmica de electricidad. Todo esto lo realiza con subsidios del Estado, fijados en el Presupuesto Nacional, que es en pesos, pero equivalente a unos 10.000 millones de dólares por año hasta 2022 [1].
La principal fuente de energía eléctrica en el país es la térmica, en base al carbón, el petróleo o el gas natural (prácticamente, el 60% de la generación eléctrica). Se le suma aproximadamente un 23% de la generación en base a las represas y saltos (energía hidráulica), proveniente esencialmente de Yacyretá, seguida por Piedra del Águila, Salto Grande, Chocón-Cerros Colorados, Futaleufú, Alicurá y otras menores. Con una baja participación en la generación, figuran las restantes fuentes.
En el caso específico de la electricidad, el transporte de energía eléctrica de alta tensión se realiza a través de grandes empresas privadas. La principal es Transener S.A. (cuyo principal accionista es el grupo Pampa Energía), que es concesionaria del servicio público que opera, mantiene en forma directa el 85% de la red de alta tensión y supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional.
Otras transportadoras de energía eléctrica de alta tensión son Transba S.A., que es la concesionaria del servicio de transporte de energía eléctrica por distribución troncal en la provincia de Buenos Aires; y las Empresas de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., de la Patagonia S.A; del Comahue S.A.; del Noreste Argentino S.A.; del Noroeste Argentino S.A.; etc.
En el caso de las distribuidoras, las principales son Edenor S.A., en la que BlackRock y el grupo Mindlin eran sus principales accionistas, antes de venderla a la corporación Vila-Manzano-Filiberti por una suma declarada de 100 millones de dólares, cuando la empresa tenía una deuda con CAMMESA mayor a esa suma (en gran parte condonada por la Resolución 642 de la Secretaría de Energía del 12/09/2022, publicada en el Boletín Oficial el 13/09/2022).
La segunda distribuidora es Edesur S.A., cuyo principal accionista es el Ente Nacional de Energía Eléctrica (ENEL), la empresa estatal italiana que administra la energía de ese país. En Edesur tienen participación minoritaria las firmas Endesa de España y Edesur de Chile. Finalmente, se encuentran las empresas Edesa, Eden, Edes, Edea y Edelap, que preside Rogelio Pagano, quien años atrás fue socio menor de Marcelo Mindlin.
Por la solución 642 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, las distribuidoras eléctricas Edenor S.A. y Edesur S.A. refinancian la deuda que acumularon durante los últimos años con CAMMESA, cuyo monto total asciende a 219.615 millones de pesos, por lo que abonarán 80.210 millones entre ambas en 96 cuotas.
