El juez federal Alberto Recondo dejó sin efecto la medida cautelar que suspendió la derogación de la Ley de Tierras establecida en el DNU 2023/70 a raíz un pedido del Centro de ExCombatientes de Islas Malvinas La Plata (CECIM), ya que el magistrado no le dio a esa entidad “legitimación” para solicitar la anulación de ese tramo de la medida del Gobierno de Javier Milei.
Entre algunos de los límites que estipulaba la ley derogada está “que las Tierras rurales extranjerizadas no superen el 15% de la superficie nacional, provincial o subprovincial”; que “una misma nacionalidad no supere el 4,5% de superficie a nivel nacional, provincial o subprovincial”, y que “un mismo titular no tenga más de 1.000 hectáreas, o su equivalente”.
Además, la ley “prohíbe la adquisición de tierras rurales que contengan o que limiten con cuerpos de agua de envergadura y permanentes”.