La decisión de planchar los salarios y permitir su licuación a través de la inflación descontrolada hizo que la población apelara a las tarjetas de crédito la compra de alimentos u otros producto de consumo popular.
El 60 por ciento de la compra con tarjeta en las carnicerías, revelado el Presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo Miguel Calvete en una reciente entrevista, televisiva es un ejemplo de eso.
El aumento del pago mínimo de la tarjeta por la falta de dinero y la eliminación de los topes de cobro de intereses que estableció el gobierno son una bomba explosiva en el bolsillo del asalariado.
La disparada del pago del mínimo de la tarjeta, abre la puerta a otro endeudamiento con sectores usureros como financieras que ofrecen tasas mucho más altas a cambio de regularizar la situación y hasta en algunos casos llega en menos de organizaciones vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado.
Esto recuerda a la previa del estallido social en Chile en donde el 70 por ciento de los ingresos estaban embargados en cuotas para financiar la tarjeta. En ese momento de 2019, había en Chile 9,5 millones de tarjetas de crédito con deudas provenientes de ventas atadas de seguros, firma a ciegas de contratos, cobros abusivos y tráfico de información desde las AFP, según publicó la investigación de la serie “Los abusos de la banca”, coordinado por Ojo Publico que revisa las prácticas del sistema financiero en América Latina.
La disparada del pago del mínimo de la tarjeta, abre la puerta a otro endeudamiento con sectores usureros como financieras que ofrecen tasas mucho más altas a cambio de regularizar la situación y hasta en algunos casos llega en menos de organizaciones vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado.
